La normativa indica que las Administraciones adaptarán sus ofertas formativas "con la finalidad de facilitar la integración social y la inclusión de los individuos o grupos desfavorecidos en el mercado de trabajo".

En concreto, la ley alude a los discapacitados, los jóvenes aectados por fracaso escolar, minorías étnicas, parados de larga duración y, en general, personas con riesgo de exclusión social.

El proyecto precisa que estas ofertas formativas especiales deberán favorecer la adquisición de capacidades en un proceso de formación a lo largo de toda la vida.