Esta es el resultado de un estudio realizado por el economista del Estado José Miguel Andreu para cuantificar los componentes del diferecial de intereses entre España y la CE, a dieciocho meses del mercado único financiero de 1993. El estudio ha sido publicado en el Boletín de Información Comercial, del Ministerio de Economía.

Andreu llega a la conclusión de que los cinco puntos de diferencia que existen actualmente entre los tipos de interés de los créditos en España y en la media de los países comunitarios responden, en diferente grado, a cinco factores distintos.

Dos puntos reflejan los mayores coeficientes bancarios, que actún como un impuesto adicional sobre los bancos; un punto, el exceso de beneficios; 0,9 puntos, al diferencial de inflación (tomando febrero de este año como mes de referencia); 0,5 puntos al exceso de costes de personal; y entre 0,5 y 0,75 puntos, al recorte del ahorro disponible para los bancos, por el aumento detectado en el dinero en efectivo.

La aportación de los beneficios se deduce de los datos facilitados por la Asociación Española de Banca Privada (AEB) en la memoria de 1990, que cifra los resutados ordinarios en un 1,52 por cien de los activos totales medios, 0,8 puntos más que la media de la CE.

Por lo que se refiere a la reciente elevación de la proporción de dinero mantenido en efectivo por el público y las empresas, presumiblemente por razones fiscales, el autor señala que este factor puede haber forzado el aumento de los tipos "a fin de compensar en beneficios la reducción de las magnitudes intermediadas" entre 0,5 y 0,75 puntos.

SOLUCIONES

El estudio concluye apuntando la medias que deberían tomarse para hacer converger los tipos españoles con los comunitarios, advirtiendo que, de fracasar en su aplicación, "las turbulencias financieras serán sencillamente insoportables, circunstancia que podría forzar a abstenerse de acceder al mercado único financiero, o a salirse de él".

Las medidas propuestas incluyen una disminución mucho más rápida de la prevista de las actuales cargas por coeficientes, lo que implica que la reducción del déficit público tendría que hacerse o gastand menos o aumentando los impuestos.

Recomienda también "una reducción acelerada de los costes de transformación de la banca, pero mucho más en especial los relativos a los beneficios que son, sin lugar a dudas, comparativamente exagerados".

Asimismo, es necesario hacer converger la inflación española con la de la CE, aprovechando para ello el pacto de competitividad, y "la corrección del sistema fiscal en el sentido de que desincentive el actual fraude fiscal".

El autor subraya que sólo queda 18 meses de plazo para adaptar estas medidas que, a su juicio, nada tienen que ver con programas como el propuesto por el PSOE para financiar la adquisición de 400.000 viviendas.

En su opinión, "la pretensión de facilitar la concesión de créditos blandos a este o aquel sector -por ejemplo, el hipotecario- por comparación con los tipos vigentes en la actualidad en nuestro país para la clientela bancaria, es algo que ni siquiera debiera haberse planteado".

"Y ello simplemente", concluye, "porque dntro de 18 meses los tipos medios españoles de activo deberán moverse obligatoriamente -sin ningún condicionante reglamentario- en torno al 10-11 por ciento".