Trillo advirtió asimismo que si el "proyecto Belloch" no es modificado convenientemente la adecuación del sistema penal a la realidad penitenciaria provocará que al menos 13.000 reclusos "sean puestos en la calle de golpe". Esto, a su juicio, tendrá una incidencia negativa en la seguridad ciudadana, como ya ocurrió con la "reforma Ledesma".

En este sentido, reclamó que el nuevo Código Penal venga acompañado de una ley penal de enores y de una reforma de la legislación penitenciaria para evitar esta situación y conseguir una fiscalización judicial del cumplimiento de las penas.

En declaraciones a un grupo de periodistas, Trillo explicó que si el futuro Código Penal va dirigido a la sociedad española del año 2000, modificando en actual texto normativo que tiene sus orígenes en 1848, "necesita de un sistema de penas adaptado a la realidad, y en donde la efectividad del cumplimiento de las penas y multas sea una garantía tanto ara la sociedad como para los delincuentes".

Trillo indicó que la finalidad de la pena tiene una concepción integral y dijo que la reinserción no es ni el primero ni su único fin. "Antes al contrario, es el fin último y en eso todos compartimos esa recepción (sic) que de la reinserción hace la Constitución Española", precisó.

El portavoz de justicia del PP puso de relieve que las penas sirven para que la sociedad sepa cuáles son los valores protegidos, así como también para que los narcotraficants y terroristas sepan cuáles son las consecuencias de sus actos y sean conscientes de que éste no es un "país de impunidad".

ABORTO

Preguntado sobre la ley del aborto y la posición del PP en este sentido, Trillo aclaró que este asunto no será discutido en los debates del Código Penal y recordó que este hecho ha sido precisamente uno de los factores tenidos en cuenta por su grupo para no presentar una enmienda de totalidad al proyecto.

Durante su intervención en la comisión, Trillo reconoció queel proyecto de ley orgánica del Código Penal ha mejorado "sensiblemente" respecto a textos anteriores, porque queda bien reflejado el principio de libertad y es más receptivo a nuevas formas de delincuencia.

Por su parte, el portavoz adjunto de Izquierda Unida (IU), Diego López Garrido, expresó su desacuerdo con las opiniones de Trillo respecto al cumplimiento íntegro de las penas para narcotraficantes y terroristas, que calificó de electoralistas.

López Garrido insistió en que un Código Penal esuna norma jurídica de capital importancia, que tiene un horizonte de muchos años de vigencia "y no sirve", apostilló, "para las elecciones de mañana o de pasado mañana".

El representante de IU subrayó que los denominados "valores emotivos" nunca deben sustituir a los valores constitucionales y resaltó que el nuevo Código Penal se adecúa a las exigencias de la Carta Magna y contiene elementos modernizadores, aunque recoge también algunas "insuficiencias" que hay que corregir.

En similares términosse pronunció el portavoz del PSOE, Javier Barrero, quien defendió que las penas deben tener como objetivo claro el de la reinserción de los delincuentes y aseguró que el Código Penal no tiene una carácter fundamentalmente represor.