"Falacia", "despropósito jurídico" y "quiebra gravísima del Estado de derecho" fueron algunos delos calificativos vertidos por la oposición contra el artículo 122 del proyecto del código, que regula la ejecución de las indemnizaciones a cargo de la Administración.

Este precepto señala que la Administración deberá hacer frente al pago de estas indemnizaciones por la vía contencioso-administrativa y sin esperar a una posterior sentencia por la vía penal ni a que el Estado resulte condenado o no.

Con el Código vigente, los beneficiarios de estas indemnizaciones no pueden reclamar al Estado susderechos patrimoniales en tanto no exista una sentencia firme.

En el caso de catástrofes como el incendio de la discoteca Alcala, 20 de Madrid o la rotura de la presa de Tous, de Valencia, el cobro de las indemnizaciones se ha producido con un retraso de varios años o todavía no se ha podido llevar a efecto.

En palabras del ponente socialista José María Mohedano, la regulación del nuevo Código "persigue evitar el peregrinaje que existe ahora a causa de una regulación vetusta, debido a que los perudicados por una catástrofe no pueden cobrar sus indemnizaciones hasta que no se ha pronunciado la vía penal".

El portavoz del PP, Federico Trillo, dijo que el Gobierno y el PSOE cometen con este precepto "una quiebra gravísima del Estado de derecho", al dejar en manos de la Administración la ejecución de sus responsabilidades". Para el PP, "se sustrae a los tribunales penales su potestad de exigir responsabilidades civiles".

José Luis Núñez, de Izquierda Unida, afirmó que es "un auténtico desproósito jurídico impedir a los jueces de lo penal que puedan pronunciarse sobre lo civil".

Idéntica tesis mantuvieron los portavoces del resto de grupos de la oposición que tomaron la palabra. Estas formaciones también criticaron la redacción del artículo, por considerarla farragosa.

EDUCACION SEXUAL

Por otra parte, la mayoría socialista aceptó una enmienda de CiU al proyecto de Código, mediante la que se amplían las medidas a aplicar a los delincuentes exentos de responsabilidad criminal y que hn sido internados durante un tiempo en un centro especial.

La enmienda de Minoría Catalana propone que los jueces puedan imponer a estas personas, durante un tiempo no superior a cinco años, el sometimiento "a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, de educación sexual y otros similares".

El PSOE también aceptó una modificación en este capítulo, a través de una enmienda de Unión Valenciana (UV), para que se suprima del texto la referencia expresa a la prohibición de visitar"establecimientos de bebidas alcohólicas".

Unión Valenciana considera que es suficiente con prohibir la visita "a determinados lugares", como señala el código vigente, sin necesidad de referirse a esos establecimientos "haciendo publicidad de este tipo de bebidas", afirmó su portavoz, Joan Oliver.