Según indicaron a Servimedia fuentes del MOC, la insumisión se basa en el concepto de legitimidad frente a la legalidad, razón por la cual esta organización apoya la desobediencia civil como instrumento para transfomar la sociedad contra el militarismo y la violencia y se opone a cualquier forma de penalización, sea la prisión o la inhabilitación.

Las mismas fuentes señalaron que la inhabilitación, "más barata e igualmente injusta", recogida en el nuevo Código Penal constituye "un ejemplo más de represión política a un legítimo movimiento de desobediencia civil que se opone a los ejércitos y a la ideología que los justifica".

Tras indicar que "la inhabilitación absoluta constituye una forma jurídica de margnación oficial", las fuentes del MOC afirmaron que esta medida sancionadora "revela la hipocresía del discurso pretendidamente rehabilitador de la legislación penal".

"Después de llenarse la boca de discursos sobre una presunta tolerancia, lucha contra la marginación, etc., el propio Gobierno inventa formas de marginación del disidente: encarcelamiento o marginación", agregaron.

En su opinión, con la penalización de la insumisión se escamotea el verdadero problema: el militarismo. "La insumisión s una forma más de denuncia del militarismo, al lado de otras como la objeción fiscal a los gastos militares, la educación para la paz, la denuncia del comercio de armamento y del rearme nuclear, etc.", afirmaron.

Para el MOC, "el verdadero problema es la imposición de un servicio de armas, la institucionalización de la violencia, los intereses públicos y privados del comercio de armas y la apología y propaganda del militarismo".

Actualmente, las cárceles españolas albergan a un total de 263 objeores insumisos, 40 más que en julio de este mismo año, siendo Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Zaragoza las ciudades que cuentan con mayor número de presos de este tipo.