Seoane dijo que esa estimación se refiere principalmente a los casos de penas privativas de libertad para deitos comunes, pero precisó que en los casos de delitos por terrorismo la cifra puede variar.

Por imperativo legal, antes del próximo día 25 de mayo, fecha de entrada en vigor del nuevo Código Penal, los juzgados tienen que haber revisado todos los expedientes de reclusos que están cumpliendo penas de privación de libertad, para comprobar qué sistema de penas, si el que marca el nuevo Código Penal o el antiguo, es más beneficioso para el reo.

Aunque es difícil determinar exactamente cuáles son losexpedientes que se han revisado hasta el momento, explicó Seoane, los datos que se manejan actualmente en los juzgados, que revisan desde hace seis meses todos los expedientes que afectan a los penados, "indican que la proporción de presos que se van a beneficiar de la reducción de penas es muy pequeño".

"No sé si llegarán a un diez por ciento las revisiones de penas que beneficien al reo, debido a que el nuevo Código rebaja las penas pero es muy duro porque suprime el beneficio de redención de penas or trabajo, y eso es muy importante. Hay mucha gente que hace números y piensa que le interesa más el sistema antiguo y se acoge a él", puntualizó.

En la actualidad hay en las cárceles españolas unos 35.000 presos, de los cuales 4.500 se encuentran en prisiones catalanas, según los datos facilitados a Servimedia por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Los expedientes de reclusos que tienen que estar revisados por los juzgados antes del 25 de mayo pueden duplicar esta cifra, según lasfuentes consultadas, ya que un preso puede tener varios expedientes abiertos.

Respecto a la acumulación de trabajo que se está produciendo en los juzgados por la revisión de expedientes, el presidente de la Asociación de Secretarios Judiciales indicó que "hay problemas y esto supone que hay que reciclarse".

Seoane explicó que en algunos juzgados hay que revisar miles de expedientes, con un proceso de tramitación complejo, ya que primero se recibe una comunicación del centro penitenciario, despuésse informa al fiscal, que dictamina si ha lugar a la revisión de pena, y a continuación se remite el caso al juez, que confirma o no la revisión. El trámite concluye con la comunicación del auto al abogado del reo y éste último tiene que decidir si acepta la pena.

Actualmente, la mayoría de los juzgados han paralizado las nuevas sentencias, pero por una razón de hecho y no de derecho, ya que "parece absurdo dictar hoy una sentencia para revisarla mañana", indicó Seoane.

PLAZA DE CASTILLA

Por suparte, la secretaria general del Decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla, María José Gandásegui, indicó a Servimedia que son alrededor de 11.000 los expedientes que el Decanato debe revisar en Madrid antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal. De ellos, ya están listos más de 8.000, según Gandásegui, que estima que sólo en un diez por ciento de los casos, aproximadamente, cabe revisión de pena.

En los Juzgados de la Plaza de Castilla el trabajo de revisión de expedientes se ha centralizdo en la Secretaría Judicial del Decanato y se ha nombrado a dos jueces especiales, en comisión de servicio.

Gandásegui explicó que el personal "está trabajando muchísimo para sacar adelante la revisión de todos los expedientes". Sin embargo, puntualizó que en estos juzgados las causas están muy organizadas y se trabaja mañana y tarde, por lo que la revisión estará lista en la fecha prevista.

La aprobación en el Congreso del nuevo Código Penal llevó a asegurar al Partido Popular, entonces en la oosición, que el nuevo sistema de penas supondría la excarcelación automática de miles de presos que cumplían condena.

En la sesión parlamentaria en la que se aprobó el nuevo Código Penal, el actual presidente del Congreso, Federico Trillo, insistió en que el Código Penal supondría la excarcelación automática de cerca de 13.000 reclusos y atacó a CiU y a IU por "hacerle el trabajo sucio" al Ejecutivo socialista.

El diputado de IU Diego López Garrido y el de CiU Ramón Camp tildaron de demagógica y lectoralista la actitud del PP y negaron validez a las cifras de posibles excarcelaciones que manejaba.

Por su parte, el ex ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, aseguró en la misma sesión del Congreso que "en el 93,4 por ciento de los delitos cometidos se elevarían las penas", por lo que insistió en que era "falsa" la cifra que manejaba Trillo.