Durante el debate de esta cuestión en la Comisión de Justicia e Interior, los portavoces del PSOE, PP e Izquierda Unida coincidieron hoy en que un problema como e terrorismo debe encontrar la máxima unión de las fuerzas democráticas y ésta debe plasmarse también en la tipificación del cumplimiento de las condenas impuestas por este delito.

La discusión giró en torno al artículo 79 del proyecto, que prevé que el juez podrá acordar motivadamente, atendida la alarma social creada, que los beneficios penitenciarios por delitos como el terrorismo o narcotráfico se refieran a la totalidad de las penas impuestas. Ello sin perjuicio de que el juez de vigilancia peniteciaria, a la vista del proceso de reinsersión social que siga el preso, pueda concederle la aplicación del régimen general de cumplimiento.

Como prueba de esa disposición al acuerdo, el PSOE anunció su postura favorable a aceptar la petición de IU para que se suprima la consideración de "alarma social" contenida en el proyecto de ley, por tratarse de un concepto demasiado subjetivo.

Por su parte, el Partido Popular rebajó su exigencia del "cumplimiento íntegro" de las penas y presentó una enmiend que se acerca más al texto del Gobierno. En palabras del diputado Julio Padilla, se trata de una enmienda "posibilista", "que no es la que más gusta al PP pero que persigue ante todo el consenso".

Igual que el proyecto del Gobierno, la enmienda afirma que el juez podrá acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios para los delitos de terrorismo y narcotráfico se refieran a la totalidad de las penas impuestas. Sin embargo, la enmienda elimina la segunda parte de la redacción del Gobierno y dsecha la posibilidad de que el juez de vigilancia penitenciaria pueda decidir el paso del condenado al régimen general de cumplimiento.

Según el socialista Manuel de la Rocha, esta previsión de reinserción del preso no puede eliminarse, porque es la que "constitucionaliza" el artículo al respetar los derechos fundamentales del reo. Además, añadió que un gobierno democrático "no puede ni debe renunciar al arma que supone este precepto para acabar con el problema de ETA".

No obstante, aseguró que s grupo hará todo lo posible para encontrar en los próximos días una redacción que se acerque a las tesis del PP.

Respecto a la posición de Izquierda Unida, su portavoz, Diego López Garrido, expresó su postura favorable a negociar antes del debate en pleno y su voluntad de dar marcha atrás a la enmienda de su grupo que pide la supresión total del artículo 79 por ser "clara e intrínsecamente inconstitucional".

Pese a ello, el diputado de IU reconoció que, a pesar de la disposición al acuerdo de PSO y PP, ve todavía bastantes dificultades para que los dos grupos mayoritarios renuncien a su intención de que los beneficios penitenciarios para estos delitos se apliquen a la totalidad de las penas, lo cual, dada la elevada cuantía de las condenas, hace prácticamente imposible la reinserción de estos delincuentes.