En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, Angel Calderón, señaló que "la sociedad tiene que asumir el reto de que cuando entre en vigor el Código Penal, el próximo mes de junio, va a haber un incremento importante de la delincuencia, porque va a haber unos cuantos miles de individuos actualmente en prisión que van a estar en situación de libertad".

Calderón señaló que dihas excarcelaciones, cuyo número no pudo evaluar aunque dijo que será "cuantitativamente importante", afectarán fundamentalmente a los delitos castigados con una pena menor de hasta dos años de cárcel, que, aunque no son los más graves, son los que "por su habitualidad generan mayor inseguridad ciudadana, como los delitos contra la propiedad".

También destacó que esa reducción en las penas va a implicar una ralentización de la administración de justicia, dado que será preciso revisar unas 100.000 sentncias en fase de ejecución para aplicar la modificación.

Esto, a su juicio, "quiere decir que durante un tiempo importante, quizás durante meses, buena parte de los órganos de la justicia penal y de la fiscalía van a estar ocupados en revisar estos procedimientos, lo que va a producir, si no un colapso de la administración de justicia, una ralentización de los procesos en trámite".

FALTA DE MEDIOS

Calderón consideró "excesivo y precipitado" el calificativo de "Código Penal de la democracia" dad a la nueva normativa y deseó que esa nominación no se transforme en la de "Código Penal de la utopía", al no poder aplicarse por falta de medios.

"Todavía no sabemos la suerte que va a correr en la práctica la aplicación de algunas de las innovaciones que contiene", indicó el portavoz de la APM, quien agregó que tampoco se conoce "si se cuenta con los medios personales y materiales para su aplicación, porque de leyes bien intencionadas y de leyes técnicamente buenas están llenos los repertorios. No dsearíamos que se hubiese empezado la casa por el tejado".

A su juicio, no se trata de que el Código Penal haya sido aprobado con precipitación, sino de que toda innovación necesita una financiación "y no sabemos si se cuenta con los medios financieros suficientes para sacarlo adelante, porque no sólo es importante hacer un Código Penal nuevo, sino contar después con los medios necesarios para su implantación, porque de eso depende el éxito o el fracaso de la nueva ley".

A pesar de ello, dijo que s preciso "saludar con una bienvenida" al nuevo Código Penal, que viene a suceder al promulgado en 1848, y que significa el abandono de la "política de parches y remiendos que ha venido primando en materia de legislación penal. Por fin el Gobierno ha asumido la obligación de promover un nuevo texto legal de nuevo cuño".

Asimismo, destacó como aspecto positivo del nuevo marco penal la desaparición de beneficios penitenciarios, "con lo que las penas que se impongan serán unas penas creíbles en el sentid de que se cumplan en su integridad".