A juicio de esta organización, las presiones que realizan ante el Gobierno central determinadas comunidades autónomas, exigiendo de forma inmeiata más competencias con el fin de ampliar su techo estatutario, no están justificadas, por entender que la transferencia podría incidir muy negativamente en la preservación del medio natural.

Según los ecologistas, de llevarse a efecto la transferencia, es de prever que serían derogados tanto preceptos ambientales que sustentan la Ley de Costas como el actual reglamento, con el fin de que cada comunidad autónoma elabore el suyo.

En opinión de la Coda, las presiones desarrollistas afectarán negaivamente en la preservación del litoral español, que ha mejorado paulatinamente tras la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988.

Ante este riesgo, la coordinadora apoya que la gestión a nivel estatal siga vinculada al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), como organismo ambiental.