"Lo primero que hay que establecer es una graduación de los niveles de dependencia, ya que cada uno de ellos requiere de una atención especial", aseguró Romero, quien añadió que "para ello hace falta un sistema de valoración eficaz y suficiente" que no deje sin atención a personas impedidas, como ocurre actualmente, y que diferencie bien entre dependientes por edad y por discapacidad.

Roser Romero hizo estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión no Permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad del Congreso de los Diputados, donde aseguró que la "revisión, análisis y modificación" de los criterios de evaluación actuales para determinar el grado de discapacidad de una persona "no puede dilatarse más en el tiempo".

La secretaria de Organizaciónn de COCEMFE apostó también por que el futuro sistema de la dependencia sea de carácter universal y público, como ocurre actualmente con la educación y la sanidad, pues, en su opinión,es la única forma de garantizar los derechos que establezca a todas las personas a las que va destinado.

Con respecto a la financiación, Romero indicó que su organización no tiene claro si debe hacerse vía impuestos o mediante otro procedimiento, pero que sí compartiría un sistema de copago que hiciera partícipes también a los usuarios del desembolso económico que requiere una atención como la que se perfila.

"Entendemos que si realmente recibimos servicios y prestaciones, también tenemos que colaborar, en la medida de nuestras posibilidades" y siempre que se garanticen unos mínimos de atención para todos los usuarios, explicó Roser Romero.

Por otra parte, COCEMFE sugirió que la futura norma se denomine "Ley de apoyo a la vida independiente" o "Ley para el fomento de la autonomía personal", en lugar de Ley de Dependencia, pues, a su juicio, este cambio de nomenclatura introduciría matizaciones terminológicas que darían un aire más positivo a las acciones que posteriormente se lleven a cabo para desarrollar la norma.

Por último, Roser Romero pidió al Gobierno que no se precipite en la aprobación de la ley, ya que tiene que ser una norma consensuada por todos tras el análisis profundo y detallado de cada uno de los aspectos que vaya a regular. "No nos podemos permitir el lujo de fracasar en esta ley", aseguró, por lo que prometió a los políticos a apoyar un retraso si así se impide que la norma "salga con lagunas y agujeros negros".