Durante unas jornadas celebradas en Madrid, representantes de la organización abogaron por que España deje de ser un país que "carece del derecho que toda persona tiene para solicitar y recibir información de las administraciones públicas".

La coalición recuerda que en algunos países de nuestro entorno, tanto los periodistas como los ciudadanos pueden solicitar por teléfono un listado de todos los contratos realizados por un organismo público durante un período de tiempo y la Administración tiene la obligación de contestar.

La periodista de "El País" Soledad Gallego Díaz comentó que el principal problema al que se enfrentan los periodistas es la incapacidad de acceso por la opacidad de la Administración. A su juicio, es una dificultad que viene de las leyes y por la mentalidad de muchos funcionarios "que piensan que la información es suya y de sus jefes", cuando la información pública es un derecho universal.

Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, señaló los resortes que ofrece la Constitución para que se constituya este derecho, que calificó de "fundamental".

Asimismo, habló de la existencia de tratados internacionales de acceso a la información que, a través del artículo 96 de la Constitución, tendrían valor de ley en España. En el mundo existen 76 leyes de acceso a la información.

En la mesa redonda también intervino la periodista alemana Brigitte Alfter, coordinadora de "Farmsubsidy.org" y editora de "Wobbing.eu", un portal web donde los periodistas pueden obtener información sobre cómo usar las leyes de acceso a la información y compartir sus experiencias. Alfter afirmó que "la ley en la UE no es perfecta, pero está bien".

La abogada de Access Info Europe, Eva Moraga, concluyó el encuentro reconociendo que la Coalición Pro Acceso es consciente de que la ley "no será una panacea, pero sí el primer paso para impulsar un cambio cultural de la Administración" y acabar con el oscurantismo.