El proyecto legislativo del Gobierno introduce una serie de cambios en las condiciones que deben reunir las operadoras del sector asegurador, entre las qu destaca la dotación de un capital mínimo superior al que tienen actualmente.

Estas modificaciones suponen para las mutuas aseguradoras del sector agrario un cambio radical, similar al que deberán afrontar las empresas de otros ramos de riesgo, al tener que elevar sus capitales mínimos de 120 millones de pesetas a 500, lo que supone dificultades, según COAG, para seguir dotando al campo español de "intrumentos de gestión propios".

En la actualidad, existen en España dos sociedades de estas caractrísticas, la Mutua Camp de Valencia y la Mutua Agraria Murciana, que, a juicio de la organización agraria, podrían quedarse solas en la tarea de prestar coberturas de riesgos por parte de los propios agricultores.

La dirección de COAG estima que la nueva cantidad con la que deberán cumplir las nuevas sociedades mutuales agrarias "hará imposible en la práctica la creación de nuevas mutuas de agricultores y colocará a las ya existentes en graves dificultades para continuar con la importante labor económca y social que vienen desempeñando".