En un comunicado, indica que, aunque mejora levemente la propuesta inicial de la Comisión de julio de 2007, la nueva OCM sigue manteniendo la liberalización de plantaciones, la transferencia de fondos a desarrollo rural, la chaptalización (añadido de azúcar al vino de forma artificial) y una importante reducción del presupuesto histórico asignado a España, aspectos que perjudican seriamente los intereses de los agricultores.

A este respecto, advierte de que, pese a que se ha retrasado su puesta en marcha a 2015, la liberalización de plantaciones impide cualquier tipo de control sobre las producciones y amenaza el patrimonio vitícola de 200.000 viticultores profesionales.

Para COAG, el objetivo fundamental de la OCM debe ser el mantenimiento y mejora de la renta del productor, preservar el modelo vitivinícola comunitario y ofrecer unos productos de calidad a los consumidores. Objetivos que no se conseguirán con una OCM pensada exclusivamente para grandes grupos industriales vitivinícolas.

Por ello, insta al Ministerio de Agricultura a que, en el desarrollo nacional de la OCM, priorice los apoyos al agricultor profesional para asegurar la viabilidad de las explotaciones familiares vitivinícolas, que son las que más están sufriendo la crisis de precios de la uva y el aumento de los costes.