En un comunicado, CNT, el otro sindicato beneficiado por el decreto convalidado ayer por el Congreso, exige "que se nos devuelva nuestro patrimonio ya, que no se nos discrimine nuevamente respecto a ninguna organización y que no se use el patrimonio sindical histórico como instrumento de favor político, sino como la reparación histórica de un expolio que se realizó bajo la fuerza de las armas y del terror".

"Difícilmente se podría entender", continúa la CNT, "que a dos organizaciones parejas como la CNT y la UGT de los años treinta ahora se le reintegrara a una de ellas un patrimonio 60 veces mayor que el reintegrado a la otra".

La CNT defiende que "utilizará la restitución de esos bienes para lo mismo que nuestros abuelos los usaban, como infraestructura para una actividad sindical autónoma del poder político y económico. Nosotros no tenemos que usar ese legado económico, cultural y emocional para tapar ningún agujero inmobiliario", señala, en clara referencia a que UGT usará la cuantía a recibir para resolver el crédito que mantiene con el ICO tras la quiebra de la cooperativa de viviendas PSV.

Asimismo, la CNT denuncia que, tras la aprobación de la ley del patrimonio sindical, en 1986, en ese mismo año, con un Gobierno socialista, se le compensaron 38 locales por un valor de 248.727.000 pesetas (1.494.879 euros); mientras a UGT se le otorgaron 4.144.523.500 pesetas (24.909.087 euros) por 492 inmuebles.

Posteriormente, con un Gobierno del PP, en el año 1999, a la CNT se le restituyó la propiedad de siete inmuebles, frente a 39 a UGT en 1999, 2000 y 2001.

Finalmente, la CNT "se congratula de que se pretenda dar un impulso a este asunto y que se haga definitivamente justicia a las organizaciones sindicales históricas víctimas del expolio franquista".

"Sin embargo no compartimos la urgencia de esta medida máxime cuando nuestra organización no ha tenido acceso libre y continuado a los archivos públicos en los que está la documentación de la incautación", concluye la CNT.