Por ello, según recoge la CNMC en un informe publicado este jueves, respalda la iniciativa del Ejecutivo de prohibir este tipo de actuaciones por parte del comercializador y añade que habría que extender la prohibición al agregador, tal y como se hizo con la contratación a domicilio.

Para la CNMC, “la existencia de algunas llamadas engañosas no fomentan la competencia sino que generan una desconfianza mayor por parte de los consumidores ante los mensajes engañosos que reciben”.

Por otro lado, la CNMC pide mayores obligaciones y requisitos para los comercializadores para que se eviten las quiebras en cadena vistas durante la crisis energética. Por ello, propone principalmente requisitos de capital. Así, Plantea que el comercializador debe disponer de ciertos fondos propios para asegurar su cumplimiento como requisito también antes del inicio de la actividad. A este respecto, defiende que el suministro de electricidad es un servicio de interés económico general. En esta línea, indica que cabría establecer la aportación de unas garantías mínimas para iniciar la actividad y explica que en Portugal dicha garantía es de 100.000 euros.