Según el organismo, estas prácticas están prohibidas en los artículos 1 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Concretamente, afectarían al sector de la intermediación para la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos por parte de personas o entidades especializadas, a través de medios electrónicos en España.

Así, se han detectado dos posibles conductas ilícitas. En primer lugar, el posible establecimiento de precios fijos, mínimos y máximos que percibirían el CGPT y los colegios de procuradores por su intervención en la realización de subastas extrajudiciales de bienes y derechos a través de su portal. Según la CNMC, estos precios habrían aparecido fijados en documentos elaborados por el CGPT, lo cual podría constituir “una decisión de una asociación de empresas o una recomendación colectiva”.

En segundo lugar, la eventual publicitación de los servicios de intermediación que ofrece el CGPT, que, para el organismo, es “como si ofrecieran unas garantías adicionales por su condición de corporaciones de derecho público”, cuando en realidad en este tipo de actividades intervienen como meros agentes privados.

Este expediente tiene su origen en una denuncia recibida en la CNMC por parte de la entidad Activos Concursales S.L. A partir de este momento, el periodo máximo de instrucción y resolución del expediente es de 18 meses.