Durante su comparecencia en el Congreso, Fernández dijo que el Consejo de la CNMC no ha podido pronunciarse aún en primera fase, pese a que la oferta fue notificada el pasado 31 de mayo, porque no dispone de la documentación que precisan los técnicos y por eso se ha ido 'parando el reloj' en el mes inicialmente fijado de plazo para esa primera fase.

“No tenemos una primera visión porque nuestros servicios todavía no han sido capaces de obtener toda la información necesaria para tener ese análisis”, señaló. “Como pueden imaginar, en el caso de una opa hostil, tenemos toda la información del notificante, es decir, del adquiriente. Pero no del que es objeto de la opa".

Agregó que la información que ya tienen del Sabadell la han obtenido “a base de requerimientos que han sido reiterados en la medida de lo necesario, y hemos tenido que hacer ejercicios de compatibilidad de datos, porque en muchas ocasiones la información no es compatible, a diferencia de lo que suele ocurrir con las opas amigables, donde se nos proporciona de entrada toda la información después de un largo proceso de prenotificación, que en este caso no ha existido”.

Fernández pidió “paciencia” y “respeto” al trabajo que están haciendo los técnicos “con absoluta independencia” sobre la base de una metodología que está muy clara porque hay experiencia sobrada en este tipo de operaciones. “Vamos a hacer el análisis código postal a código postal de todos los servicios y productos que tienen las entidades. Si en alguno de esos servicios se produce un problema de competencia, o bien las partes nos presentan compromisos o les impondremos condiciones”.

La presidenta de Competencia recordó que tras el pronunciamiento en primera fase se abriría un segundo estadio de tres meses en los que se podrían fijar compromisos o condiciones de la CNMC y después el Ministerio de Economía elevaría su dictamen al Consejo de Ministros para un dictamen definitivo.

REGISTRO INDEPENDIENTE

Por otra parte, Cani Fernández dijo que su entidad ejercerá con “independencia” y “rigor técnico” su responsabilidad sobre el nuevo registro de medios de comunicación que ha acordado crear el Gobierno en el Consejo de Ministros del pasado martes.

Manifestó que desconoce “el alcance y los contenidos” del nuevo cometido que ha decidido asignarle el Ejecutivo con este registro de medios.

“No soy consciente de qué va a abarcar. El anuncio nos sorprendió igual que a todo el mundo”, afirmó Fernández. “Nos tendrá que venir el mandato del Cognreso sobre la modificación de nuestra ley y las funciones, y las ejerceremos como el resto de nuestras funciones, con independencia, rigor técnico y el compromiso que define a esta institución”.

Sobre este nuevo registro, la diputada del PP Tristana Moraleja denunció que el presidente Pedro Sánchez haya decidido convertir a la CNMC en un “órgano fiscalizador de los medios y los periodistas”, y preguntó a Cani Fernández si piensa “cerrar medios” y en concreto “los que hablen de Begoña Gómez (esposa del jefe del Ejecutivo).

Por otro lado, Fernández pidió a los partidos que no se demore más tiempo la cobertura de vacantes de cuatro consejeros y del vicepresidente de la CNMC, y ofreció colaboración de su institución para hacer una buena transición en el traspaso de las competencias que asumirá la nueva Comisión Nacional de Energía.

Por otro lado, Fernández se quejó en su intervención inicial de que la CNMC, a diferencia de otros organismos homólogos europeos, no disponga aún “ni de la habilitación legal, ni de medios ni de personal” para ejercer las funciones que le ha encargado la UE para que se cumpla en España el nuevo reglamento de servicios digitales (DSA).

Por falta de esa habilitación normativa, lamentó Fernández, “no podemos tomar las riendas del mayor reto regulatorio de supervisión de la UE, no podemos proteger como podríamos y nos gustaría a nuestros consumidores, no podemos actuar contra la desinformación ni actuar como como podríamos para proteger a a nuestros menores como ya pueden hacerlo otros”.

Afirmó que ahora mismo, si les llegan avisos de incumplimientos de la DSA por compañías establecidas en otros países, sí pueden trasladar la denuncia a la UE, “pero si nos llega una denuncia de una empresa establecida en España, no tenemos poderes para actuar”.