Así se desprende de un informe presentado por este organismo, de modo complementario a su propuesta de revisión de la tarifa eléctrica, con el objetivo de que dicha propuesta "pueda ser adecuadamente ponderada por el Ministerio" de Industria, Turismo y Comercio.

Para el organismo regulador, "los cambios producidos en el modelo regulatorio pudieran haber afectado negativamente a su eficiencia". La necesaria revisión "podría afectar, no tanto al nivel marginal de precio en el mercado, como a la brecha cada vez mayor que el nuevo escenario de precios de los combustibles fósiles ha abierto entre los márgenes de las tecnologías marginales e infra-marginales (fundamentalmente hidráulica y nuclear)".

Es decir, la CNE considera que estas dos formas de energía son las más beneficiadas por el actual sistema y están detrás del abultado déficit tarifario (la diferencia entre el coste de producción de la energía y lo que se paga por ella).

La Comisión se compromete, asimismo, a cuantificar en su próxima reunión "la brecha existente entre los precios del mercado, que determinan actualmente la retribución de toda la generación, y el coste del mix energético que abastece los mercados".

En el citado informe complementario, el organismo que preside Maite Costa insiste en la importancia de que "el consumidor tenga, en el momento de consumir, la señal de precio real del servicio y el bien que está utilizando", esto es, de que se le suba el recibo de la luz en un porcentaje de un 11,3%.

A este respecto, añade que es preciso "que sea el consumidor quien decida cómo optimiza su función de bienestar con toda la información disponible, y que no se trasladen los costes que se producen en el momento del consumo a ejercicios futuros" o, lo que es lo mismo, que hay que poner fin al déficit de tarifa.

Por otro lado, la CNE considera necesaria a actualización del concepto de tarifa social, dada la evolución de los niveles de precio de la electricidad. En este sentido, ésta debería considerar parámetros de ingresos y no parámetros eléctricos.

Ante la inminente desaparición de las tarifas generales de alta tensión, tarifa horaria de potencia y tarifas con destino a los riegos agrícolas y teniendo en cuenta el volumen de consumidores afectados por dicha medida, la Comisión considera también necesario que las empresas distribuidoras notifiquen el cambio normativo.

Además, "se considera necesario establecer un periodo transitorio con objeto de dar a todos los suministros afectados la posibilidad de elegir comercializador en el mercado libre".

También recomienda establecer la obligación a los distribuidores de informar sobre el suministro de último recurso (para consumo doméstico y pymes) que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2009.

La CNE estima que el déficit de actividades reguladas que se generará entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2008, con los costes regulados reconocidos actualmente y supuesto un coste de generación de 66,14 euros/MWh (es decir, tras el citado aumento del 11,3%), ascenderá a cerca de 2.750 millones de euros.