Hoy concluye el plazo que tiene el regulador para remitir un informe no vinculante al Ministerio de Industria sobre los recursos de alzada presentados por E.On, Endesa, Iberdrola, Gas Natural y la Asociación de Accionistas Minoritarios de Empresas Energéticas, precisamente contra las condiciones fijadas por la propia CNE el 27 de julio pasado a la OPA de la energética alemana sobre Endesa.

Pese a que la Comisión Europea ha declarado ilegales las 19 condiciones de la CNE a la oferta de E.On y no ajustado al derecho comunitario el real decreto ley de febrero que facultó al regulador español para supervisar concentraciones como la de E.On con Endesa, los consejeros de la CNE han vuelto hoy a reafirmarse en los mismos argumentos adoptados el pasado 27 de julio por estar basados en la necesidad de garantizar la seguridad del suministro.

El mencionado real decreto-ley, también llamado "decreto anti E.On", establece que las operaciones de concentración en el sector energético podrán ser denegadas o sometidas a condiciones por la "existencia de riesgos significativos" para las actividades reguladas o para proteger el interés general, en particular los "activos estratégicos".

El Gobierno considera activos estratégicos, según la norma impugnada por Bruselas, "aquellos que puedan afectar a la garantía y seguridad de los suministros de gas y electricidad", entre ellos los gasoductos internacionales, las instalaciones de transporte de electricidad, las instalaciones de producción, transporte y distribución de los sistemas insulares y extrapeninsulares, y las centrales nucleares y de carbón.

En consecuencia, la CNE ha vuelto a ratificar hoy que si E.On quiere adquirir Endesa deberá vender activos que suman una potencia instalada de unos 7.000 megavatios, un 30% de la capacidad de Endesa en el mercado español.

NUCLEAR Y CARBÓN

Además de la central nuclear de Ascó I, la única en la que Endesa tiene el 100% del capital, E.On tendría que desprenderse de las plantas que utilizan carbón nacional (As Pontes y Andorra) y renunciar a la generación insular y extrapeninsular (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).

Asimismo, E.On debería ceder la gestión de las nucleares en las que participa Endesa: Santa María de Garoña, Almaraz I y II, Ascó II, Vandellós II y Trillo.

Igualmente, E.On debería garantizar las inversiones comprometidas por Endesa en las actividades reguladas (transporte y distribución de electricidad y gas).

No obstante, a diferencia del mes de agosto, ahora el Ministerio de Industria no está obligado a cumplir la resolución de la CNE y, de hecho, tras la desautorización de Bruselas al "decreto anti E.On" y a las 19 condiciones del regulador a la OPA de la alemana, el Ejecutivo ha garantizado que no se obligará a E.On a trocear Endesa, aunque fijará las condiciones necesarias para asegurar el suministro y el control de las instalaciones energéticas estratégicas para el país.

Una vez con la respuesta de la CNE en sus manos, Industria responderá a las cinco partes previsiblemente en los próximos días, ya que los argumentos de esa contestación servirán también para defender ante la Comisión Europea las competencias de las autoridades energéticas españolas y el vicepresidente Pedro Solbes anunció que todo ello podría tener lugar a finales de septiembre o primeros de octubre.