La tarifa de último recurso es la que afecta a los consumidores domésticos y a algunas pymes, es decir, a los pequeños consumidores de energía.

El informe de la CNE considera que la citada propuesta de orden no determina la tarifa de último recurso, sino que establece la tarifa de venta que, transitoriamente, han de aplicar los distribuidores. A su juicio, "sería conveniente que el contenido real de la propuesta de orden fuera reflejado de forma más precisa".

También estima que la orden remitida por el Ministerio no aporta la suficiente información sobre los contratos de aprovisionamiento de gas.

La CNE consideró, además, que sería conveniente la introducción de una subasta para la determinación del coste de la materia prima a incluir en la tarifa de último recurso.

También apunta la necesidad de establecer cuál será el mecanismo de fijación de la cantidad objeto de la subasta.

Con objeto de facilitar el traspaso de los clientes al mercado, la CNE considera conveniente que la factura de la tarifa de último recurso incluya información relativa al importe de los distintos conceptos de coste imputados en el cálculo de la misma.

Finalmente, añade que el acceso de los comercializadores a las bases de datos de los puntos de suministro de los distribuidores eléctricos, en la forma que finalmente se determine, debería hacerse extensible al sector del gas natural, para así evitar cualquier tipo de asimetría entre ambos sectores.