La normativa vigente obliga a que las compañías de gas no facturen conjuntamente con los suministros regulados a tarifa otras actividades o servicios propios del mercado liberalizado. Además, estas prestaciones pueden constituir un abuso de posición dominante o una barrera para el cambio de operador por parte del cliente, según el expediente, al que tuvo acceso Servimedia.

Las IRC son las canalizaciones de gas que hay entre el punto de la acometida de una urbanización o un bloque de pisos y la instalación individual de cada casa o piso.

La red común debe ser colocada por una empresa instaladora y financiada por los vecinos, pero, ante el elevado coste que suele suponer, las distribuidoras optan en ocasiones por costear ellas mismas la IRC y cobrar un alquiler por un número determinado de años e incluso indefinidamente.

De esta manera, las distribuidoras hacen más atractiva a una comunidad de propietarios la elección de conectarse con la red de gas natural, mientras que si deben pagar la IRC puede que la comunidad no apruebe el suministro de gas y opte por otro combustible.

El expediente informativo fue abierto por la CNE tras recibir en septiembre de 2003, procedente del Ministerio de Economía, una pregunta parlamentaria del diputado del BNG Carlos Aymerich en la que, en referencia a una distribuidora de gas, interpelaba: "¿A qué cantidad ascienden los cobros efectuados ilegalmente a sus clientes en concepto de alta y mantenimiento de sus instalaciones?".