El organismo regulador estableció que la cantidad a devolver por el conjunto de las empresas al sistema de liquidaciones asciende a 1.074 millones de euros.

Según el conocido como "decreto del CO2", aprobado en diciembre de 2007, las compañías eléctricas están obligadas a la devolución de los derechos de emisión de dióxido de carbono concedidos gratuitamente. Esta normativa ha sido denunciada ante la Comisión Europea por la patronal de la industria eléctrica, Unesa.

Por otro lado, ante las numerosas reclamaciones presentadas ante este organismo por la desaparición de la tarifa nocturna, la CNE decidió hoy, también, trasladar estas quejas a la Dirección General de Política Energética y Minas y al órgano competente de la Comunidad Autónoma donde radica el suministro.

Se aprobó, asimismo, la metodología de cálculo por la que se regularán los flujos de pago de los derechos de cobro que se adjudiquen en las subastas de déficit ex ante. La CNE realizará las funciones de gestión de dicha subasta con el objetivo de abaratar el coste del acceso a la subasta, aumentando el nivel de competencia.

La primera sesión informativa de las subastas se celebrará mañana, día 25 de abril, en la sede de la CNE

El consejo presidido por Maite Costa también acordó remitir sendas cartas a Endesa y Red Eléctrica de España (REE) solicitando información sobre la deficiencia en el suministro ocurrida en la subestación de Motors el día 18 de septiembre de 2007. También se enviará una carta a la Generalitat de Cataluña, solicitando colaboración, al amparo de la nueva Ley del Sector Eléctrico y de las competencias que ésta le atribuye en materia de transporte secundario.

Además, el organismo regulador aprobó hoy la liquidación definitiva de las actividades reguladas del sector del gas del año 2003. Los ingresos netos liquidados fueron de más de 1.518 millones de euros, que cubrieron el 97,43% de los costes de las empresas, lo que supone un déficit tarifario para el año 2003 de 39.972,8 millones de euros.

Finalmente, la CNE decidió dar por concluída la revisión de la metodología de estimación del coste de capital para actividades reguladas en el sector energético.