La CNE informó en un comunicado que ha decidido acumular los expedientes informativos pedidos por Industria sobre lo ocurrido los días 24 y 25 de mayo, cuando subió bruscamente el precio, y el 9 y 10 de junio.

El 9 de junio Iberdrola decidió limitar el precio de compra de su distribuidora en el mercado mayorista de electricidad ("pool") a 33 euros por megavatio/hora, lo que hizo que quedaran sin casar el 40% de las ofertas, con la consiguiente caída del precio de la electricidad.

Iberdrola denuncia las pérdidas que sufre como consecuencia de la "incertidumbre regulatoria" derivada del Real Decreto Ley 3/2006, de 24 de febrero, que establece que la casación de electricidad entre generadoras y distribuidoras del mismo grupo se limite a 42,35 euros megavatio/hora.

La CNE entiende que todos estas peticiones forman parte de una "única problemática", que es la de "determinar si estos precios están acordes con la coyuntura de los mercados energéticos internacionales y con las especifidades de la oferta y la demanda del mercado eléctrico español".

Asimismo, la CNE ha decidido, por propia iniciativa, analizar "el alcance y las consecuencias" de la aplicación del decreto del 24 de febrero, que modificó el sistema de casación de las ofertas de venta y adquisición de energía presentadas simultáneamente al mercado diaria e intradiario de producción por sujetos del sector eléctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Industria aprobó esa norma al entender que las eléctricas inflaban artificialmente el precio a pagar en el "pool" con el fin de incrementar el déficit de tarifa, por el que luego debían de ser compensadas, una práctica negada por las compañías.