El conflicto consistía en que Lince y Telefónica defendieron interpretaciones diferentes sobre los precios de interconexión que Lince debe satisfacer a Telefónica Servicios Móviles por cursar llamadas originadas desde su red y dirigidas a números 900 y de servicios especiales (números cotos) pertenecientes a la red de Lince.

En la resolución, la CMT obliga a Telefónica a aplicar una rebaja de los precios de interconexión que esta compañía venía cobrando a Lince por este tipo de llamadas.