En la misma, la CMT obligó a ambas empresas a paralizar su Oferta de Servicios de Telecomunicaciones Públicas para Locutorios y a elimina, en el plazo de cinco días hábiles, cualquier tipo de discriminación que Telefónica pudiese estar realizando entre TTP y cualquier otra empresa de telefonía de uso público.

En particular, la resolución señalaba las discriminaciones relativas a la posibilidad de contratación de nuevas líneas telefónicas, el tiempo de entrega de las líneas solicitadas, las tarifas cobradas y la exigencia de avales o prepago, así como la cuantía relativa de los mismos.

Después del 29 de abril, tanto diversos operadres (MCI Worldcom, Uni2, BT Ignite) como la asociación de operadoras entrantes ASTEL y el grupo Comytel, así como algún particular, han comunicado por escrito a la CMT que Telefónica está retrasando o negando la instalación de nuevas líneas telefónicas a locutorios o les obliga a suscribir contratos de exclusividad con TTP.