Entre los 26 imputados figuran, además de Clos, la ministra de Cultura, Carmen Calvo; el ex conseller en cap de la Generalitat Josep Bargalló; Ernest Maragall; el líder del PP de Cataluña Josep Piqué; y el conseller de Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, Joan Saura.

La juez Sophie H. Hall, del juzgado del condado de Cook (Illinois), condenó el 23 de abril de 2004 al Fórum de Barcelona a pagar 4 millones de dolares (3,4 millones de euros) a las productoras Think Big Productions y Rosalini Film Productions por impago de un film de promoción encargado por el Fórum.

El 16 de marzo de 2005, la juez Hall citó personalmente a todos los miembros del consejo de administración del Fórum de Barcelona. En el texto de la citación, al que tuvo acceso Servimedia, se requería la presentación de la contabilidad al objeto de embargar sus bienes para saldar la deuda.

Tras la incomparecencia de todos ellos, tres meses más tarde, en junio de 2005, la juez declaró a los 26 imputados en rebeldía por un delito de desacato, condenándolos a pagar una multa de 3.000 dolares al día (2.543 euros) a la tesorería del condado de Cook, deuda que, con el paso del tiempo, asciende ya a un millón de dólares.

El abogado español de la productora que demandó al Fórum de Barcelona por impago, David Aineto, asegura a Servimedia que, debido a la condena por impago y al desacato al tribunal estadounidense, si Joan Clos o cualquiera de los miembros del consejo de administración del Fórum quieren ir a EEUU, "o no les dejarían entrar o se les detendría una vez dentro" del país.

Desde la Embajada de EEUU en Madrid se explicó a Servimedia que los abogados norteamericanos de los miembros del Consejo presentaron la inmunidad diplomática como excusa para no presentarse en el juicio, aunque, añaden, si cualquiera de ellos quisiera viajar a Estados Unidos debería pedir un visado especial ante la Embajada del país americano en Madrid.

Por su parte, Josep Piqué, también implicado, afirmó, en declaraciones a Servimedia, que por parte del Ayuntamiento de Barcelona existe, "como siempre, una especie de minimización" del problema, y advirtió que esto "puede acabar siendo un pleito importante con alcance internacional" que podría provocar "consecuencias personales para los implicados en un viaje a Estados Unidos".

El dirigente popular explicó que este pleito en Estados Unidos "deriva del encargo de un vídeo que supuso unos costes y después, por lo que fuera, el Fórum dijo que no le iba bien" por lo que la productora norteamericana "presentó una demanda en un juzgado de Illinois y la juez les dio la razón".

A su entender, si Clos viajara a Estados Unidos "iría con pasaporte diplomático", aunque matizó que "la Justicia tiene su lógica y es independiente del Poder Ejecutivo" por lo que podría tener problemas pese a que el nuevo ministro de Industria "tiene inmunidad desde ese punto de vista".

HISTORIA DE SAN JORDI

Todo empezó en abril 2001, cuando dos productoras americanas firmaron un contrato de confidencialidad y buena fe con la organización del Fórum de Barcelona para realizar una película en formato "Imax" sobre la leyenda de San Jordi, al objeto de promocionar la imagen de Cataluña a través del mundo y atraer al público y a los patrocinadores a la cita del Fórum 2004.

Según informaron fuentes de la productora, la organización del Fórum les prometió 7,5 millones de euros para realizar el filme a través de un memorándum de la organización y el proyecto contaba con el apoyo de la Unesco.

Después de 13 meses de trabajo y casi un millón de dolares invertidos (847.960 euros), en el verano del año 2002, cuando las productoras ya tenían ultimado el guión y ya habían realizado la preproducción (se había hablado con el grupo cómico Tricicle para que fueran los protagonistas), Fórum rechazó el proyecto aduciendo que no se ajustaba a su marco de actuación.

A partir de ese momento, los representantes de las dos productoras mantuvieron dos reuniones con la organización del Fórum y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, el abogado de la productora envió una carta a la organización advirtiéndoles de que se podían enfrentar a problemas legales.

La organización del Fórum reaccionó ante esta carta demandando a los representantes de la productora "Think Big Production" por amenazas. Los dirigentes de la productora se enfrentan a una querella en la que los abogados de Fórum piden dos años de cárcel.

El juicio se va a celebrar el próximo mes de noviembre en el juzgado de lo penal número 9 de Barcelona, pese a que el fiscal solicitó al juez el cierre del caso.

Pese a esta querella inicial, las dos productoras decidieron demandar a la organización del Fórum por impago, y lo hicieron ante el tribunal de Cook, en Illinois, por ser allí donde estaba registrado el guión de la película sobre San Jordi. En el mes de septiembre del año 2003, la jueza Sophia H. Hall, encargada del caso en el tribunal del condando de Cook, citó a los responsables del Fórum, pero éstos no se presentaron.

A principios del año 2004, la jueza volvió a citarlos, advirtiéndoles de que si no se presentaban "se vería obligada a declararles en rebeldía por desacato al tribunal", según señala el abogado de la productora.

Al no presentarse, la jueza condenó a Fórum a pagar cuatro millones de dolares (3,4 millones de euros), más un nueve por ciento de intereses anules por demora a las productoras "Think Big Productions" y "Rosalini Film Productions", sentencia que se dictó el 23 de abril de 2004, coincidencias de la vida, festividad de San Jordi.

Según señala el abogado, en ese momento la productora americana decidió intentar que la sentencia estadounidense pudiese ser aplicable en España a través de una petición de "ex aequo" ante un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. El tribunal denegó la petición, pero el letrado recurrió ante la Audiencia Provincial de Barcelona y a día de hoy se sigue pediente de la decisión de este tribunal.

En 2005, la juez Hall decidió volver a citar personalmente a todos los miembros del consejo de administración del Fórum de Barcelona para que le presentasen los libros y los documentos de contabilidad del evento.

El abogado señaló que fue sólo entonces cuando Clos y los demás miembros del Consejo de Administración decidieron contratar a abogados norteamericanos y adquieron los servicios de dos bufetes: "Baker&Makunzie" para los miembros del consejo que pertenecían a la administración central y "Macdermott" para aquellas personas de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona.

En junio de 2005, la juez declaró en rebeldía a los miembros del consejo de administración por un delito de desacato al tribunal, condenándoles a pagar una multa de 3.000 dolares al día (2.543 euros) a la Tesorería del condado de Cook.