González López, propietario de la empresa publicitaria Publigest de Móstoles, fue acusado e enero, junto a otras siete personas, de apropiarse de datos del censo referidos a saldos de cuentas corrientes, Seguridad Social, domicilio y situación familiar y laboral de hasta 21 millones de españoles que posteriormente vendía a empresas financieras y de servicios.

Según la CLI, personada como acusación popular en este caso, existen indicios de cohecho en la actividad empresarial de González López "por el intento de soborno a funcionarios de la Junta de Andalucía".

Además, aunque se felicitapor el hecho de que el auto judicial admita que "parece existir un delito de cohecho en la conducta de González López", considera que las diligencias no deben ser trasladadas a Sevilla, "porque hay indicios de otros delitos de cohecho supuestamente cometidos en Madrid".

La CLI exige, en una nota hecha pública hoy, que el Gobierno adopte una ley que desarrolle el artículo 18 de la Constitución (referido a la protección de la intimidad, el honor y la propia imagen) para evitar que conductas como la de Gnzález López "puedan quedar impunes".