Asimismo, la CLI, que agrupa a una decena de organizaciones sociales, jurídicas y sindicales, pidió hoy en un comunicado la destitución, "en caso de que se confirme el hecho", del secretario de Estado para la eguridad, Rafael Vera.

Tras exigir al Gobierno "una rápida clarificación de los hechos", la Comisión de Libertades e Informática reclama al Ejecutivo y al Parlamento la destrucción de todos los datos de carácter personal "sensible" que estén en su poder y que vulneren las normas constitucionales e internacionales vigentes, "con especial referencia a la información automatizada".

También demanda la CLI que cese "de forma inmediata la ilegal práctica de recogida y tratamiento de información persona de carácter sensible", como la etnia o religión de los detenidos.

Si el hipotético cómputo ordenado por el Ministerio del Interior se confirmara, "evidenciaría la existencia de ficheros de datos personales, muy probablemente informatizados, en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ficheros que contendrían información 'sensible', en este caso sobre la procedencia racial de personas detenidas", afirma la comisión.

Ello iría en contra del artículo 14 de la Constitución y del Conveio Europeo para la Protección de las Personas de 1981, "ratificado por España en enero de 1984, norma legal de obligado cumplimiento en nuestro país", señala la CLI.

GRAVE RIESGO

La comisión asegura que, si la orden fuera cierta, ratificaría en la práctica el "grave riesgo" de que el actual proyecto de Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Lortad), "en concreto su artículo 20.3, perpetúe esta situación, al permitir la recogida y automatización de dato personales sensibles por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin control judicial ni posibilidad de intervención de la Agencia de Protección de Datos".

Por ello, la CLI pide al Grupo Parlamentario Socialista que incorpore al proyecto de la Lortad sus propuestas de enmienda, que ya han recogido la mayoría de los grupos de la oposición.

Por su parte, un portavoz del Ministerio del Interior aseguró también hoy que "desde la Secretaría de Estado para la Seguridad no se ha emitido ninguna oden con el sello de 'reservado', ni con ningún otro, de cara a realizar un recuento de personas de etnia gitana detenidas por delito de narcotráfico".

Interior añade que "esto no quiere decir que no sea una preocupación constante de este ministerio conocer en todo momento la relación existente entre marginalidad y delincuencia, así como analizar sus causas y, con la ayuda de los sectores más afectados, buscar soluciones".

La misma fuente anunció que Rafael Vera y varias asociaciones gitanas mantedrán una reunión la próxima semana, "en la que ambas partes analizarán en profundidad todas las vertientes del problema".