La jornada fue organizada por la Fundación Largo Caballero a iniciaiva de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), a la que pertenece Martín Pallín.

Sin embargo, el magistrado atacó duramente el proyecto de ley que actualmente tramitan las Cortes y que previsiblemente podrá convertirse en ley antes de las vacaciones de verano.

El miembro de la CLI criticó especialmente las numerosas excepciones en favor de la Administración que prevé el proyecto, mientras que valoró positivamente la parte destinada a regular a las empresas privadas que trabajan con datos prsonales. "El reino de la excepción va a ser el sector público", señaló.

Martín Pallín citó los artículos 19, 20 y 21, referidos a los ficheros de titularidad pública, como los que conceden a la Administración un margen mayor, incluso en lo concerniente a información sobre creencias, salud, origen racial o vida sexual de los ciudadanos.

La CLI mantiene que, dado que se trata de datos que la Constitución ampara, sólo pueden ser recogidos y tratados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estadobajo control judicial.

ARTICULO INCONSTITUCIONAL

Precisamente este aspecto, el recogido en el apartado 3 del artículo 20, podría ser inconstitucional, según declaró a Servimedia Rafael Fernández Calvo, de la Asociación de Técnicos de Informática, organización integrante de la CLI.

José Antonio Martín Pallín alertó, refiriéndose a la regulación del sector privado, sobre los datos médico-clínicos. "El sector médico nos debe ultrasensibilizar a todos", afirmó.

En cambio, defendió los denominaos archivos de morosos con la condición de que los datos provengan de resoluciones judiciales o de las actas notariales de protesto de letras.

El magistrado consideró que el sector privado requerirá "un excesivo desarrollo reglamentario" y se preguntó si no hubiera sido mejor elaborar dos textos legislativos diferentes para los archivos públicos y los privados, como es el caso de los países escandinavos y del proyecto de directiva de la Comunidad Europea, que se refiere únicamente a las actividades delos particulares.

Por su parte, el secretario general técnico del Ministerio para las Administraciones Públicas, Francisco Javier Sancho Cuesta, calificó de "ambicioso" al proyecto de la Lortad por abarcar la regulación pública y privada.

Sancho Cuesta explicó que el proyecto de ley únicamente no incluye la tipificación de los delitos informáticos porque será reflejada en el nuevo Código Penal.