Así se recoge en una pregunta escrita que este miembro del Intergrupo de Discapacidad del Parlamento Europeo dirige a la Comisión, donde destaca “la desigualdad” que tal situación implica. A su juicio, se trata de “un obstáculo a la libertad de circulación para las personas que tienen movilidad reducida”.

“Ante los problemas que muchas veces encuentra en el transporte público, este colectivo utiliza de forma especial el vehículo privado, con el coste que ello conlleva”, explicó.

Según Cañas, el objetivo de su iniciativa es evitar cualquier forma de discriminación y facilitar su acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, social, económico y cultural, como exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Destacó que la legislación de la UE sobre los derechos de los pasajeros y de las personas con movilidad reducida que viajan en avión, ferrocarril, autobús/autocar o barco armonizó los derechos de asistencia en esos ámbitos.

“Sin embargo, en el transporte por carretera en vehículo privado, más allá del reconocimiento de la tarjeta de aparcamiento entre Estados miembros, persiste una desigualdad de oportunidades", denunció, pues "hay una falta de reconocimiento recíproco entre Estados miembros de la exención del pago de peajes en carretera”.

Por eso, Cañas instó a la Comisión a incluir este derecho en la Tarjeta Europea de Discapacidad –prevista para antes de que termine 2023-- , un documento que será reconocible en todos los Estados miembro para asegurar la igualdad de trato.

La iniciativa de Jordi Cañas lleva a Bruselas una preocupación por los derechos de las personas con movilidad reducida expresada por Ciudadanos también en el Parlamento de Cataluña, donde este grupo parlamentario presentó una proposición para que la Generalitat negocie con las empresas concesionarias la exención del pago de peajes para estas personas.