El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de abril un real decreto por el que se suprime la exigencia de adjuntar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad a cualquier escrito, comunicación o formulario que los ciudadanos tengan que presentar en los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, así como por los organismos que dependen de ella.

Esta medida, que simplificará la vida a los ciudadanos, supondrá la eliminación progresiva en los próximos años de los más de cuatro millones de fotocopias del DNI que se aportan anualmente, según el Gobierno.

Actualmente, los trámites de la Administración General del Estado con más demanda de fotocopia de DNI son prácticamente todos los de iniciación y los relacionados con Tráfico.

Con esta medida, así como con la eliminación de la necesidad de presentar el volante de empadronamiento, los ciudadanos se ahorrarán siete millones de horas en el tiempo que dedican anualmente a realizar sus trámites con la Administración General del Estdo.

A partir de ahora será el propio departamento ante el que se solicita el trámite el encargado de comprobar, de oficio, la identidad del interesado.

Esta consulta se realizará, en los casos en los que sea estrictamente necesario, accediendo a la base de datos de la Policía, tras obtener la autorización del interesado.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

La consulta se realizará con máximas garantías de seguridad y preservando la privacidad de los datos. En caso de que el interesado no dé su consentimiento a realizar esa consulta, deberá aportar su correspondiente fotocopia del DNI.

Esta medida también beneficiará a los extranjeros con residencia en España, que tampoco tendrán que presentar la fotocopia de su documento acreditativo correspondiente.

Además, se comprobará, de oficio, el domicilio de los solicitantes, con lo que se suprimirán 3,5 millones de documentos en papel anuales.

El Consejo de Ministros aprobó también hace dos semanas otro real decreto, que entra en vigor mañana, por el que se suprime la exigencia de presentar el certificado de empadronamiento como documento que pruebe el domicilio y la residencia del interesado que solicite un procedimiento tramitado por la Administración General del Estado, así como por los organismos que dependen de ella.

Cada año se producen en España unos tres millones de cambios de domicilio, que suponen aproximadamente la expedición por parte de los ciudadanos de unos diez millones de certificados de empadronamiento para justificar la residencia en trámites con las distintas administraciones. De éstos, 3,5 millones los solicita la Administración General del Estado.

La Administración podrá acceder a los datos del padrónaccediendo a la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, tras obtener la autorización del interesado.