En el encuentro con los informadores, que se celebró a la puerta del Tribunal Constitucional, estaban también presentes miembros de otros colectivos que integran la plataforma: el dirigente de CCOO Agustín Moreno; Carlos Carnero, de Izquierda Unida; el secretario general de Juventudes del CDS, Carlos García; un representante de la Oficina del Defensor del Soldado, Ignacio Perelló, y la presidenta de la Asamblea para la Paz, María Eugenia Magriños.

La Constitución española estipula que sólo pueden presentar recurso de inconstitucionalidad el presidente del Gobierno, el defensor del Pueblo, cincuenta diputados o cincuenta senadores y los gobiernos o parlamentos regionales.

Esta circunstancia, explicó Gimbernat, obliga a la Plataforma a solicitar a Alvaro Gil-Robles que presente ese recurso en su nombre, para lo cual la propia asociación entregará a la Oficina del Defensor del Pueblo la argumentación jurídica pertinente al recurso.

Además, la plataforma iniciará próximamente una campaña de recogida de firmas entre los ciudadanos para que la solicitud al defensor del Pueblo "sea avalada por el mayor número posible de personas que están de acuerdo con nuestras posiciones y que consideran que esta ley es un atentado contra las libertades".

Gimbernat anunció también que la Plataforma Ciudadana pedirá una entrevista con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Eduardo Martín Toval, para expresarle la protesta por las descalifcaciones que el ministro del Interior, José Luis Corcuera, y cualificados dirigentes del PSOE dirigieron contra los asistentes a la manifestación contra la "ley Corcuera" del pasado 10 de noviembre.

ESPAÑA, PAIS "BAJO SOSPECHA"

A preguntas de los periodistas, el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos reiteró que "una mayoría" de la sociedad rechaza la "Ley de Inseguridad Ciudadana", como la definió Agustín Moreno, secretario de Acción Sindical de CCOO.

"El objetivo sigue siendo detene, en nombre de la Constitución, a Felipe González y a José Luis Corcuera ante una agresión de tamaño calibre contra las libertades de nuestro país; porque, además, España es un país bajo sospecha", añadió Moreno.

Ambos dirigentes recordaron un informe de la ONU publicado a principios de este año, en el que España figura en el últino lugar de países occidentales por su respeto a los derechos humanos.

Esta clasificación, que se comenzó a elaborar en 1985, está basada en 40 parámetros, cada uno de elos calificado con una puntuación de 0 a 10. Según Gimbernat, España sólo obtiene calificación en 25 de esos parámetros, y en los otros quince obtiene puntuación cero.

Eso conlleva que nuestro país se encuentre en materia de derechos humanos a la altura de Botswana y otras naciones del Tercer Mundo, en su opinión.