Según Giménez, “el Gobierno de PSOE-Podemos se llena la boca hablando de proteger a los vulnerables mientras dificulta la inclusión laboral de las personas con discapacidad”.

A su juicio, la norma será “un retroceso alarmante”, pues “no hay mayor protección social frente a la vulnerabilidad que tener un empleo”.

Dicho anteproyecto de ley, cuya fase de consulta pública concluyó este viernes, deroga parte de los incentivos existentes para la contratación de personas con discapacidad.

Ello puede afectar tanto a las empresas ordinarias como a unos 2.300 centros especiales de empleo, que tienen en plantilla a más de 98.000 personas con discapacidad, y al Grupo Social ONCE, donde un 59% de los empleados tiene discapacidad, según explicaron a Servimedia fuentes del sector.

La normativa que prepara Trabajo elimina la bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, cuya plantilla por ley debe superar el 70% de personas con discapacidad. Solo para los contratos de carácter indefinido se establecen unas bonificaciones lineales, iguales que las que se aplican a las empresas ordinarias. Sucede lo mismo con el Grupo Social ONCE, que cuenta con esta bonificación desde 2012 para las personas con discapacidad.