El portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, pide el apoyo del PSOE a esta reivindicación histórica de la formación nacionalista, como hizo cuando se debatió en 2003 y contó con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, entonces en el Gobierno.

Tras el cambio de Gobierno, CiU volvió a intentar sacar adelante esta iniciativa, en mayo de 2004, pero el PSOE introdujo una emienda para que este asunto se estudiara en el marco del Pacto de Toledo, lo que se aceptó por entender que "abría una vía para resolver esta injusticia".

El Ministerio de Trabajo elaboró un estudio que cifra en 1.003.069 el número actual de pensionistas a los que, al jubilarse, se aplicó una base inferior al 100 por cien de la base reguladora por no haber cumplido los 35 años de cotización.

La iniciativa de CiU supondría para el Estado un coste de 267 millones de euros al año, tal y como revela este informe, por lo que el Ejecutivo "pone reparos para llevarla a cabo". Campuzano discrepa de este argumento económico y recuerda que "el fondo de reserva de la Seguridad Social tiene 27.000 millones por lo que hay margen para mejorar las prestaciones".

"Ya que la mili y la PSS se han suprimido, el coste que puede tener el hecho que este período cotice a efectos de pensión tiende a reducirse o a desaparecer, a largo plazo", agregó. "Se trata de un acto de justicia y de resolver un problema de una generación que ha tenido que dedicar a la sociedad un año o más de su vida".