El portavoz de Acción Social de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, hace hincapié en que la legislación actual, la Ley General de Subvenciones, no atiende "la actividad que desarrolla el beneficiario de la subvención, o si se trata de una organización con o sin fines lucrativos a la hora de establecer las obligaciones derivadas de percibir una subvención".

En opinión del diputado catalán esta situación se debe corregir, pues su aplicación genera a muchas ONG un "incremento importante de los gastos administrativos y una penalización desproporcionada por falta de justificantes".

En definitiva, CiU considera que la actual normativa está "suponiendo graves perjuicios para el tejido asociativo y está incidiendo negativamente en las organizaciones más pequeñas" que no cuentan con recursos y especialización administrativa necesarios para cumplir con los requerimientos establecidos en la Ley, así como en las grandes que deben ampliar sus estructuras administrativas.

"El marco normativo establecido no responde adecuadamente a las necesidades que la actividad subvencional exige en el Estado español", afirma Campuzano. Por todo ello, CiU considera "apropiado y necesario" regular la concesión de subvenciones públicas para que se atienda a las especificidades de los beneficiarios de las mismas.