En un comunicado, CiU informa de que ésta es una de las medidas que propone el portavoz de Empleo y Asuntos Sociales del Grupo Parlamentario Catalán (CiU), Carles Campuzano, en una moción con la que pretende incrementar la población ocupada entre los discapacitados y que se debatirá en el próximo periodo de sesiones.

Campuzano denunció la limitada inserción de este colectivo en el mercado laboral, como pone de manifiesto que, de un total de 1.337.000 personas que conforman este colectivo, 905.000 de ellas están inactivos, 112.000 en paro y tan sólo 319.000 estén ocupados, según datos de la Encuesta de Discapacidad, Deficiencia y Estado de Salud de 1999.

Esta situación ha llevado a España, puntualizó Campuzano, a ocupar el penúltimo lugar de la UE en empleo de personas discapacitadas, según datos de la OCDE. Por ello reclama al Ejecutivo "mayor implicación" para subsanar el problema mediante la puesta en marcha de medidas "activas, potentes y comprometidas".

Campuzano solicita que se "actualicen las ayudas para la creación de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo," dado que estas subvenciones no se revisan desde 1985, año en el que se fijó destinar dos millones de las antiguas pesetas por puesto de trabajo generado para una persona con discapacidad.

Para verificar el grado de cumplimiento de la cuota de reserva, el portavoz de Asuntos Sociales de CiU propone la puesta en marcha de un "plan específico de seguimiento y la presentación de un Informe Anual ante la Comisión No Permanente sobre Políticas Integrales de la Discapacidad" sobre su nivel de desarrollo para establecer un mayor "seguimiento y control" del cumplimiento de esta medida.

Reclama también al Ejecutivo que remita a las Cortes un Proyecto de Ley de modificación de la Ley general de la Seguridad Social para amplicar y extender la jubilación anticipada a los trabajadores con discapacidad, así como impulsar medidas para compatibilizar las prestaciones sociales de la Seguridad Social con el empleo remunerado.

Asimismo, Campuzano aboga por que se impulse el papel de los Servicios Públicos de Empleo en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad, mediante el establecimiento de programas de atención personalizada y especializada en la problemática de colectivos de difícil inserción.