Según señalaron hoy fuentes de la federación, para que se confirme esta correlación, CiU pidió al Ejecutivo regional que "haga públicos los datos de 2008 relativos al descenso real de la contaminación para proceder a levantar la prohibición de circular a más de 80km/h en aquellas franjas horarias o días de la semana que no hay congestión de tránsito".

CiU también exigió al Gobierno catalán que destine la totalidad del dinero recaudado por las sanciones derivadas de los radares "a promover una movilidad más sostenible con medidas como la modulación bajista del precio de los peajes".

En julio de 2007, el Gobierno de la Generalitat aprobó un conjunto de medidas para reducir la contaminación por óxidos de nitrógeno y por partículas en suspensión a varios municipios del Área Metropolitana de Barcelona. Entre estas medidas, figuraba la limitación de la velocidad a 80 Km/h en 16 municipios del área metropolitana, que entró en vigor el 1 de enero de 2008.

En esta línea, el portavoz de Medio Ambiente de CiU, Ramon Espadaler, expuso que, según se desprende de informaciones oficiales del propio Servicio Catalán de Transit, esta medida perseguía ocho objetivos concretos, entre ellos, la reducción de la contaminación atmosférica y de la siniestralidad.

En este sentido, Espalader señaló que "los datos facilitados por el propio Gobierno de la Generalitat demuestran una eficacia prácticamente irrelevante", puesto que, "tras meses de aplicación, se constata una reducción de entre el 3 y el 4% de los óxidos de nitrógeno y de las partículas en suspensión (PM10), así como un descenso (por ahora no concretado) de la siniestralidad grave".

Por otro lado, el diputado explicó que la Encuesta de Movilidad de la Región Metropolitana de Barcelona correspondiente al 2008, constata "la reducción efectiva en un 8’7% en el uso del vehículo privado en el área metropolitana, hecho que podría explicar el ligero descenso de contaminación registrado".

Por todo ello, Espalader afirmó que "los datos hechos públicos desde diferentes instancias gubernamentales no parecen validar ni la utilidad, ni la eficacia de la medida de reducción de velocidad" y, además, señaló, "se trata de una medida socialmente controvertida".