En una rueda de prensa en la Cámara Baja para resumir las 70 enmiendas al articulado de la Ley, que CiU ya enmendó a la totalidad, Duran subrayó que su grupo siempre ha tenido "una preocupación especial" por la atención de mayores y dependientes, y apoya la elaboración de una norma que dé una "respuesta integral" a la atención a las personas dependientes.

No obstante, el Gobierno, a pesar del "diálogo prácticamente hasta el último minuto" que ha mantenido CiU con el Ejecutivo, plantea en su proyecto, según los nacionalistas, una serie de deficiencias que empiezan por el escaso respeto al Estatuto vigente y el que se acaba de aprobar en referéndum, porque invade competencias exclusivas.

El segundo motivo de desacuerdo es la "provisionalidad de la financiación", ya que sólo está garantizada hasta el año 2015, y tampoco la integra en el sistema de financiación general de las comunidades autónomas, con lo que "pone en duda la viabilidad financiera del sistema".

Este problema se "malresuelve" mediante convenios que lo que harán en la práctica es "condicionar el contenido de las políticas de atención a las personas dependientes, que deben ser competencia de las comunidades autónomas, y no del Estado", añade.

Duran arremetió también contra el "enfoque intervencionista y paternalista de la ley", que no permite la libre elección de los ciudadanos, sino que la Administración "guía, interviene y dice de qué manera" debe acceder el usuario a las prestaciones, teniendo más en cuenta los requerimientos administrativos que sus necesidades.

El portavoz de la federación nacionalista resaltó también la falta de apoyo a las familias, ya que la atención a las personas dependientes en su domicilio familiar figura como respuesta "excepcional, cuando debería ser el primer marco de atención", lo que considera "incomprensible".

CLASES MEDIAS DESPROTEGIDAS

El proyecto del Gobierno tampoco garantiza el acceso de las clases medias al sistema, ya que no se concreta ni regula el sistema del copago, por lo que parte de los beneficiarios quedan fuera de los servicios y prestaciones porque no tienen recursos tan bajos como para acceder al sistema puramente público pero tampoco tan altos como para pagar los que ofrece el mercado.

Así lo explicó el portavoz de Trabajo y Asuntos Sociales de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, quien subrayó que en el proyecto no se habla de un mínimo exento ni de un máximo de participación del usuario en el copago, y no se concretan las cantidades que habrían de aportarse en función de la renta.

Por último, la federación nacionalista pretende con sus enmiendas garantizar la atención a las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental; a los menores de tres años y a las personas con movilidad reducida, a fin de que "puedan desarrollar plenamente su proyecto vital".