Actualmente, el Reglamento General de Circulación establece que las personas con dicapacidad pueden circular a una velocidad máxima de entre 70 y 80 kilómetros por hora, de manera genérica.

CiU entiende que esta limitación "obedece a criterios no objetivos y proporcionados", teniendo en cuenta que estas personas han obtenido el permiso de conducir pasando las mismas pruebas que cualquier otro conductor y que sus vehículos están adaptados.

Lo que proponen los nacionalistas catalanes es que la limitación de velocidad se establezca "sobre la base de un estudio previo de las circunstancias del conductor" sin que haya una "limitación general y automática basada en prejuicios".

Además, CiU advierte que con la implantación del permiso de conducir por puntos se produciría una situación de discriminación, puesto que si un discapacitado comete una infracción por exceso de velocidad la penalización sería mayor, ya que el límite de velocidad sería más bajo.