Dentro de esta enmienda también se incluye, en el delito de rebelión, el intento de derogar o suspender por las armas los diferentes estatutos de autonomía, mientras que en el proyecto sólo se hac referencia a la Constitución.

Molins justificó, en rueda de prensa, la presentación de la enmienda porque, en su opinión, la realidad del Estado de las autonomías no está contemplada en la reforma del Código Penal.

Entre las 109 enmiendas de CiU al proyecto se encuentra la que solicita la misma consideración penal para los insumisos que no hacen el Servicio Militar o la Prestación Social Sustitutoria, y pide para ambos sanciones administrativas.

El proyecto de Código Penal remitido por el Gbierno al Parlamento contempla penas de prisión para los insumisos al Servicio Militar y sanciones administrativas y económicas para los insumisos a la Prestación Social Sustitutoria, mientras que CiU equipara ambos delitos.

Otra de las peticiones de los nacionalistas es la propuesta de que los beneficios penitenciarios se apliquen sobre la totalidad de la pena y no sobre el máximo de 30 años de prisión contemplados actualmente por la ley.

Molins señaló que el objetivo de esta enmienda es el cumpimiento más efectivo de las penas impuestas por los tribunales y limitar el hecho de que las condenas puedan reducirse considerablemente al aplicarse los beneficios penitenciarios, aunque agregó que también había que tener en cuenta la alarma social provocada por cualquier delito.

Otras de las enmiendas de CiU incluyen el aumento de penas por abusos sexuales, la introducción de la denominación de los delitos de "violación" y "asesinato", la posibilidad de que el juez ordene el internamiento de un delicuente habitual en un centro de terapia y la nueva redacción del delito de injurias.