Los convergentes consideran que el anteproyecto que hoy aprobó el Consejo de Ministros "llega con retraso", pero valoran que se haya abordado y que no sea una política vinculada a la Seguridad Social.

Campuzano defendió que este tipo de actuaciones sean compartidas entre el Gobierno central y los autonómicos siempre que "se cierre bien" la negociación sobre la reforma de la financiación de las comunidades autónomas.

El diputado convergente consideró que en el trámite parlamentario de esta ley hay que corregir algunas cosas, como la exclusión de los niños de 0 a 3 años.

"El Gobierno está demostrando falta de sensibilidad ante un problema que no es numeroso, pero las familias con niños que nacen con algún tipo de discapacidad necesitan apoyo desde el nacimiento", insistió.

Además, consideró que la redacción de la ley es "insuficiente" a la hora de garantizar la capacidad de elección de los afectados entre una prestación económica o un servicio de ayuda.

De igual modo, CiU quiere que los posibles beneficiarios de esta ley tengan mayor posibilidad de elegir entre la prestación pública o privada de la correspondiente ayuda. En el texto del Gobierno, dijo, la prestación pública es la principal y la privada la subsidiaria y los convergentes quieren "más libertad de elección".

Finalmente, Campuzano criticó que este anteproyecto no esté respaldado por un "diálogo a fondo" con los gobiernos autónomicos, ni con los agentes cívicos que representan a los mayores y a los discapacitados.