El portavoz de Política Social y Empleo de CiU en el Congreso, Carles Campuzano, argumenta que esta iniciativa no supone coste adicional alguno para el Gobierno, pues "no se trata de reconocer nuevas prestaciones, sino de permitir compatibilizar las existentes con cieras formas de trabajo o actividad, lo que supondría la afiliación y cotización de estas personas".

Para CiU, la normativa actual "dificulta la integración laboral de los discapacitados que perciben prestaciones de la Seguridad Social no contributivas por presentar un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, puesto que la realización de una actividad profesional lucrativa conlleva, automáticamente, la reducción de la pensión no contributiva en la misma cuantía que la retribución obtenida.

De este modo, resalta Campuzano, las personas con minusvalóa no tienen "compensación alguna adicional por el hecho de trabajar", lo que se suma al "miedo" a encontrar obstáculos a la hora de recuperar esta prestación si cesa la actividad laboral.

Por ello, propone que se compatibilice la prestación no contributiva con el sueldo, al menos hasta el límite del salario mínimo interprofesional. A partir de ese límite, la pensión se reduciría en una cantidad igual al 50 por ciento del importe de la rnta percibida por encima de el SMI.