Para ello, solicitan que en el plazo de seis meses se presente un proyecto de ley que establezca el marco regulador de estas empresas. "Sus actuaciones necesitan de instrumentos que compensen los mayores costos y dificultades que supone emplear personas con evidentes problemas", explican.

Por tanto, demandan "las correspondientes reducciones en los costes laborales y un tratamiento fiscal específico, atendiendo a su finalidad y objeto".

El proyecto de ley debedefinir este tipo de empresas, las actividades que pueden desarrollar y los colectivos de exclusión social susceptibles de ser incorporados en los programas de integración.

CiU aboga por un marco laboral donde se establezca una relación clara entre empleo y formación, así como por la articulación de fórmulas de cooperación entre el sector público y el privado.

Los nacionalistas catalanes recuerdan que hay que potenciar y amparar estas iniciativas, que combinan la lógica empresarial con la inclusin de excluidos sociales en los procesos de reinserción laboral. Añaden que esta petición está en consonancia con la promoción de los nuevos yacimientos de empleo que propugna la Unión Europea.