Para el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, este impuesto "es un gravamen que castiga particularmente a las familias con rentas medias y es un que castiga y desincentiva el ahorro".

Duran indicó que con la presentación de esta iniciativa su formación cumple con uno de los compromisos adquiridos durante la campaña electoral, ya que llevaba esta propuesta en su programa para las elecciones generales.

Según el diputado nacionalista, "hoy cumplir con esta promesa es más relevante que nunca, porque en estos tiempos de crisis puede evitar un traspié relevante en las economías familiares más necesitadas".

Este impuesto estatal se configura como un tributo cedido en el sistema de financiación autonómica. Es por este motivo que las comunidades tienen competencias normativas relativas a las reducciones en la base imponible, tarifa, la fijación de la cuantía y coeficientes del patrimonio preexistente, deducciones y bonificaciones.

Pese a que en algunas comunidades esta tributación es prácticamente cero, sólo corresponde al Estado la decisión de suprimirlo. Por este motivo, CiU pide también que "se preserve expresamente la necesaria referencia al principio de lealtad institucional para compensar a las comunidades por la pérdida de estos recursos".