Según denunció Campuzano, el Gobierno ha puesto en marcha una "política centralizadora" al establecer nuevos criterios que podrían afectar a la sostenibilidad de determinadas ONG autonómicas.

"Denunciamos la falta de diálogo con las comunidades autónomas y entendemos que se trata de una política centralizadora que pretende ocultar a los ciudadanos que los recursos de sus impuestos no irán destinados a las organizaciones que trabajan más cerca de las personas excluidas", señala Campuzano en un comunicado.