CiU aclara en una nota de prensa que estas propuestas, que se debatirán en la Comisión de Interior, responden a una creciente demanda en España de vigilancia privada.

La regulación actual limita el ejercicio de seguridad privada a los nacionales de países de la UE y a los de los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).

Según un estudio de la Confederación Europea de Servicios de Seguridad de octubre de 2004, en el conjunto de la UE existe un vigilante de seguridad por cada 500 ciudadanos.

El portavoz de CiU en la Comisión de Interior, Josep Maria Guinart, explica que esta iniciativa parlamentaria pretende facilitar el acceso a esta profesión a nacionales de terceros países para cubrir la creciente demanda de estos servicios de seguridad privada que se ha registrado.

Guinart comenta también que hay una disminución del volumen de candidatos en las empresas de seguridad, lo que ha motivado "una disminución de la calidad del servicio prestado", ya que estos vigilantes "se ven obligados a hacer horas extraordinarias para cubrir el servicio".

En este sentido, Guinart sostiene que esta situación se podría paliar si se amplía la oferta para acceder a esta profesión a otros países de modo similar a lo que se viene haciendo en las Fuerzas Armadas, donde se reserva hasta el 7% de la plantilla al personal extranjero.

Además, Guinart defiende que el sector de la seguridad privada puede constituir una magnífica oportunidad laboral para aquellos extranjeros que hayan cumplido su permanencia en las Fuerzas Armadas.