En la comparecencia del ministro de Economía, Rodrigo Rato, ante la Comisión de Economía del Congreso, para explicar el Plan de Estabilidad presentado en Bruselas por el Gobierno español, Sánchez Llibre señaló que en dicho plan hay varios interrogantes.

Uno de ellos, señaló, es que hace falta conocer exactamente el dinero que aporta y recibe cada comunidad autónoma en el actual sistema de financiación, para saber cuál será la situación de défcit en el conjunto de las administraciones públicas cuando concluya dicho sistema.

CiU justifica su demanda en que el acuerdo sobre financiación autonómica debe ser revisado en el año 2001, antes de que finalice el Plan de Estabilidad en el 2002, y por tanto, las conclusiones de las balanzas fiscales deben conocerse antes.

Los socios catalanes del Gobierno vienen reclamando estas cifras desde el pasado año, como base de su demanda de nuevas competencias en materia tributaria, en concreto la recauación del 100% de los impuestos y realizar una transferencia al Estado en función del saldo que arroje dicha balanza fiscal.

Por ello, Sánchez Llibre anunció que su grupo presentará el próximo viernes una propuesta de resolución en la que solicita al Gobierno que haga públicas las balanzas fiscales de las autonomías.

También anunció otra resolución en la que reclama al Gobierno un compromiso para que la política aplicada en los próximos cuatro años no suponga un recorte del gasto social, de maner que esta partida del presupuesto estatal nunca crezca menos que el PIB.

Rodrigo Rato respondió a la demanda de CiU que el Gobierno central cumplirá el mandato del Parlamento, pero condicionó esa medida a que todos los ejecutivos autonómicos respondan a la pregunta que se les ha hecho de qué aspectos deben incluirse en la balanza fiscal y cuales no, para no correr el riesgo de elaborar un traje a medida de uno u otro ejecutivo regional.

CiU también anunció otra resolución en la que reclama al Goberno un compromiso, para que el gasto social del Estado no se vea recortado, y su crecimiento nunca sea inferior al del Producto Interior Bruto (PIB), como ha ocurrido en los dos últimos presupuestos.

Este aspecto también fue objeto de crítica por el Grupo Socialista, cuyo portavoz, Juan Manuel Eguiagaray, reprochó además al Gobierno no haya dicho nada en el Plan de Estabilidad sobre la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, de acuerdo con el Pacto de Toledo.

Eguiagaray tamién criticó el importante aumento de la deuda de la Seguridad Social que ha provocado la política del Gobierno del PP, al que responsabilizó de recibir un sistema público de previsión con una deuda de unos 2 billones de pesetas y haberla situado por encima de los 5 billones.

Rodrigo Rato expuso las líneas maestras del Plan de Estabilidad, en las que destaca el objetivo de llegar al superávit presupuestario en el año 2002, o en el peor de los casos quedarse a una distancia muy pequeña del equilibrio. El ministro dijo que, por primera vez, España presenta un cuadro económico, en el que las posibilidades de una crisis internacional más severa de lo que se anuncia no impedirán que siga creciendo por encima de los demás países de su entorno, y que la tasa de paro se reduzca hasta un 12,8%.

El ministro cifró las previsiones de empleo en 1,3 millones de puestos de trabajo en los próximos cuatro años, con un crecimiento de la inversión pública del 10% anual y un incremento del PIB del 3,8% en 1999 y dl 3,3% en el resto del periodo.