Para hacer frente a esta situación, el portavoz de CiU en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso, Carles Campuzano, exigió en declaraciones a Servimedia una ley que permita a los gobiernos autonómicos complementar las pensiones.

Según Campuzano, estos 36 euros de pérdida "ponen de manifiesto que el método de revisar las pensiones cada año va deteriorando el poder adquisitivo de los beneficiarios de las regiones con mayor inflación".

Las palabras de Campuzano coinciden con el pago a los pensionistas del atraso por la subida del IPC a noviembre de 2004, que creció 1,5 puntos en tasa interanual por encima de lo previsto. Este pago, que supondrá un gasto al Gobierno de 1.872,8 millones de euros, se realiza por la cláusula de revisión automática que tienen las pensiones y que garantiza un crecimiento anual que, como poco, iguale al del IPC real.