Según el diputado de CiU Carles Campuzano, la Ley General de Subvenciones no atiende "la actividad que desarrolla el beneficiario de la subvención, o si se trata de una organización con o sin fines lucrativos, a la hora de establecer las obligaciones derivadas de percibir una subvención".

A su juicio, esta situación se debe corregir, ya que su aplicación genera a muchas ONG un incremento importante de los gastos administrativos y una penalización desproporcionada por falta de justificantes.

CiU considera que la actual normativa está suponiendo graves perjuicios para el tejido asociativo y está incidiendo negativamente en las organizaciones más pequeñas, que no cuentan con recursos necesarios para cumplir los requerimientos establecidos en la ley, y en las grandes, que deben ampliar sus estructuras administrativas.

El texto de la proposición no de Ley de CiU indica: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar en el plazo de seis meses el marco normativo relativo a las subvenciones, para adecuarlo a las especificidades de las entidades no lucrativas de acción social. Para ello, se creará una Mesa de Diálogo entre la Administración y el Tercer Sector de acción social, y la modificación normativa responderá al consenso entre ambos agentes".