Según explicó Campuzano en el marco de la Comisión de Trabajo del Congreso, esta norma "ignora las competencias exclusivas en materia de servicios sociales que el nuevo Estatut otorga a la Generalitat de Cataluña", y "no garantiza una suficiente financiación".

En un comunicado, denunció que se trata de una "ley regresiva" en términos sociales porque "el copago" tal como se configura en esta ley "no garantiza ni un sistema equitativo ni un acceso de las clases medias a nuevas prestaciones y servicios".

"Este Proyecto de Ley no garantiza la financiación del sistema, ya que el Estado va a cofinanciar esta política sólo hasta el 2015 y no se integra en el sistema de financiación general de las comunidades autónomas, sino en base a unas subvenciones que el Estado les va a otorgar", añadió.

Finalmente, criticó que esta ley "excluye a una parte muy significativa de la población en situación de dependencia, ya que no resuelve la situación de las personas con discapacidad intelectual".